Ilustrísimo señor Director General de los Registros y del Notariado:
En relación con el escrito girado el pasado día 28 de noviembre de
2012 al personal empleado de los Registros de España, por el que se nos
agradecía la entrega y diligencia con la que habíamos asumido la tramitación de
los expedientes de nacionalidad, el Sindicato Independiente de Oficiales y
Auxiliares de España –SIOYA- y la Federación de Sindicatos de Empleados de los
Registros de la Propiedad y Mercantiles de Cataluña, Baleares, Aragón y Navarra
–FESECBAN- deseamos hacer algunas puntualizaciones.
Si bien, en nombre del colectivo que representamos, saludamos el
detalle que implica acordarse de nosotros tras la encomienda de los expedientes
y, en consecuencia, aceptamos con buen ánimo el agradecimiento dispensado desde
la Dirección General, creemos necesario recordar la naturaleza jurídico-laboral
de nuestro colectivo y la realidad socio-económica en la que nos encontramos,
para que en ningún momento se pierda la perspectiva de a quién se está
dirigiendo Vd. con su escrito.
El personal empleado en los Registros de la Propiedad, Mercantiles y
Bienes Muebles de España está compuesto por unas 15.000 personas
aproximadamente, cuyo número no podemos precisar con exactitud dado que la
institución encargada de velar por el censo de los trabajadores, la Comisión de
Vigilancia y Seguimiento del Convenio Colectivo, se halla descapitalizada
debido a la parte empresarial. En virtud de diversas sentencias del Tribunal
Supremo, nuestra relación con los registradores españoles es de carácter
netamente laboral, lo que debería conllevar, entre otras consecuencias, que se
aplicase en nuestras oficinas el todavía vigente I Convenio Colectivo y el
Estatuto de los Trabajadores con carácter supletorio, a todos los efectos y de
manera taxativa. Finalmente y como consecuencia de la asunción de nuevas
funciones, de las sucesivas rebajas arancelarias y del descenso en la
contratación inmobiliaria y mercantil, nuestro colectivo está viviendo una de
las situaciones más calamitosas que pueden encontrarse hoy en día en cualquier
sector dependiente de la Administración General del Estado, con registros en
situación precaria, despidos cada vez más frecuentes y situaciones personales
de extrema gravedad.
En este contexto, del cual le suponemos sobradamente informado, no
terminamos de comprender el objeto de su escrito, sobre todo cuando a nadie se
le escapa que la mejor forma de agradecer el conocimiento, experiencia y
entrega al servicio consiste en prestar atención a las reivindicaciones del
sirviente, al menos para calibrar su justicia o pertinencia. Llevamos 17 años
dirigiéndonos a la Instancia que Vd. representa –entre otras instancias- a
propósito de la infructuosa negociación del II Convenio Colectivo del personal
empleado de los registros, y nunca se han atendido nuestras peticiones en
ningún sentido, ni siquiera para comprobar que el buen funcionamiento de la
institución registral también se debe a la solvencia y responsabilidad
demostrada por sus empleados. Se agradece que se nos agradezca públicamente
nuestro trabajo (en una carta que, por lo demás, constituye una réplica exacta
de la que se ha enviado a los registradores), pero no puede dejar de
sorprendernos que la misma institución que se declaraba incompetente para
atender nuestras propuestas sea ahora competente para encomendarnos tareas o
para repartirnos agradecimientos.
No obstante, nos congratulamos de este cambio de dirección en la
Dirección General y aprovechamos la ocasión para reiterar la petición
presentada en enero pasado cuando, en una cordial entrevista con Vd., nos
aseguró que la institución que representa tomaría las medidas adecuadas para
garantizar los sueldos mínimos mensuales de todos los empleados de los
registros españoles. Aun cuando en aquel momento no se especificó la forma, el
tiempo o los mecanismos de compensación mediante los que se corregirían los
impagos, lo cierto es que un lapso de once meses nos parece un tiempo muy
prudencial para que se hubiera empezado a enmendar esta situación. Lejos de
ello, cada vez son más los casos de registros en los que los compañeros no
cobran el salario mínimo mensual, de manera esporádica o continuada. En ese
sentido, el hecho de que un empleado de cualquier empresa no cobre el mínimo al
que tiene derecho legalmente pero que, al mismo tiempo, acuda a su puesto de
trabajo y desempeñe todas las encomiendas que se le hagan, no puede calificarse
sino como un hito. Pero si además sucede que ese empleado depende de un
empleador que dispone de sobrados recursos para hacer frente a sus obligaciones
empresariales, entonces simplemente ese hecho no puede calificarse.
Como hemos repetido en muchas ocasiones, los empleados de los
Registros de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España hemos
demostrado nuestro sentido de la responsabilidad con profesionalidad y
preparación, en la encomienda de los expedientes de nacionalidad y en cualquier
tarea que se nos haya asignado. Ya hemos señalado en otro lugar lo conveniente
que hubiera sido, no tanto para nosotros mismos como para el buen desempeño de
la función, que se hubiera contado con nosotros para la preparación de la
encomienda. Sin duda habríamos informado del día a día de nuestras oficinas,
habríamos puesto nuestra experiencia al servicio de la encomienda y muy
probablemente habríamos contribuido a reducir los innegables problemas
logísticos que está sufriendo el proceso implementado en toda España.
No fue ésa la decisión que se tomó. Sin embargo, no sirve de mucho
mirar al pasado, si no es para tomar impulso, como suele decirse en estos
casos. Es por ello que estimamos en lo que vale el escrito que Vd. nos dirige y
le animamos a que la Dirección General de Registros y del Notariado ratifique
este cambio de rumbo. No dudamos de que sabrá dar respuesta a los problemas de
una institución registral de la que también formamos parte.
Atentamente.
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